Resolucion Nro. 20261144

RESOLUCION Nº 1144/2026

Visto

Lo establecido en la Ley Nacional N° 23.966

Considerando

Que, durante dos años y medio, el gobierno de Javier Milei recaudó más de 1,5 billón de pesos en el fideicomiso creado para financiar obras viales, pero sólo aplicó la cuarta parte a ese fin.

Que la operatoria oficial tiene como epicentro el “Sistema Vial Integrado” (SisVial), un subsistema del fideicomiso creado por el decreto 976/01 que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial.

Que la obligación de sólo usar lo recaudado por el SisVial en obras viales es taxativa. El fideicomiso se creó por exigencia del Banco Mundial para aprobar un préstamo a la Argentina, precisamente para evitar que la recaudación del impuesto a los combustibles terminara financiando gastos corrientes, como venía ocurriendo cuando lo administraba Vialidad Nacional. Por lo que, en otras palabras, la herramienta se diseñó para atar el dinero a un destino específico y hacerlo jurídicamente indisponible para otros fines presupuestarios.

Que desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, sin embargo, la tasa de subejecución del SisVial asciende al 73,8%. Sólo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado durante 2024 ($40.668 millones de $360.238 millones), subió al 39% ($270.592 millones de $692.514 millones) durante 2025, año electoral y de máxima confrontación legislativa, y bajó otra vez al 18,5% entre enero y mayo de 2026 ($83.144 millones de $450.500 millones). En total: $1.5 billones recaudados, $394.406 millones ejecutados lo que arroja que hay más de $1 billón sin aplicarse a obras viales.

Que los documentos oficiales muestran, en efecto, que el grueso de los fondos del SisVial no se destinan a obras viales, sino a inversiones financieras. El 31 de marzo último, por ejemplo, el SisVial destinó $1.090 millones a obras viales, mientras su cartera de inversiones financieras crecía durante ese mismo mes, de $785.136 millones a $868.976 millones. Dos meses después, al 31 de mayo, la cartera trepó a $1 billon, de los cuales $854.234 millones estaban colocados en títulos públicos y $146.784 millones en plazos fijos.

Que los reclamos, mientras tanto, se acumulan. Un informe técnico de la Federación de Personal de Vialidad Nacional de diciembre pasado estimó que entre el 65% y 70% de las rutas nacionales se encuentran en regular o mal estado, producto de la subejecución presupuestaria y la paralización de obras.

Que el Estado Nacional no tuvo presupuesto en 2024 ni en 2025 y funcionó con el de 2023 prorrogado. Por lo que, sin ley de presupuesto, se generó “una bolsa de recursos” de los fondos fiduciarios, que quedaron sujetos a un mayor margen de discrecionalidad administrativa.

Que mientras el deterioro de la red vial nacional motiva reclamos de usuarios, gobernadores, empresas constructoras, trabajadores de Vialidad Nacional y organismos internacionales que financian obras, el fideicomiso creado para garantizar el financiamiento de esas rutas cerró el mes de mayo de 2026 con más de $1 billón colocados en instrumentos financieros y otros $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente. En total, más de $1 billon que no llegaron al arreglo y asfaltado de las rutas que es el fin que tiene el impuesto.

Que el impuesto a los combustibles representa una parte cada vez mayor del precio que pagan los vecinos en el surtidor. Aunque la ley establece destinos específicos para esos recursos, ha crecido el reclamo por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales y por la baja ejecución de fondos destinados a mejorar y conservar la infraestructura vial.

Que cada vez que un conductor carga nafta súper en todo el territorio de nuestro país, una parte del precio que paga corresponde al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). El tributo, establecido por la Ley 23.966, tiene una característica particular: la normativa determina de antemano distintos destinos para los fondos recaudados. Sin embargo, el fuerte deterioro de algunas rutas nacionales, sumado a la falta de obras y mantenimiento, volvió a poner el foco sobre qué ocurre con el dinero que se recauda a través de este impuesto.

Que, según datos informados, actualmente cada litro de nafta súper contiene alrededor de $ 355,- correspondientes al impuesto a los combustibles, frente a unos $ 116,- a valores actuales que representaba el tributo en noviembre de 2023.

Que, de esta manera, el impuesto pasó de representar aproximadamente el 8,9% del precio en el surtidor al 19,25% en julio de este año, mientras que su actualización nominal acumulada desde el cambio de gestión alcanzó el 1.265%, muy por encima de la evolución de los precios y de los salarios privados formales.

Que el Impuesto a los Combustibles Líquidos es un tributo de asignación específica cuya legislación establece cómo debe distribuirse la recaudación.

Que el dinero que los consumidores aportan cada vez que cargan combustible no constituye simplemente un ingreso general del Estado. La normativa establece distintos destinos vinculados con rutas, transporte, vivienda, infraestructura hídrica y seguridad social.

Que dentro del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte existe un componente destinado específicamente al sistema vial que luego de las deducciones correspondientes, aproximadamente la mitad de esos recursos se canaliza hacia el Sistema Vial Integrado (SisVial), mecanismo mediante el cual se financian actividades vinculadas con la Dirección Nacional de Vialidad.

Que la otra parte se distribuye entre distintos sistemas relacionados con el transporte automotor y ferroviario. Además, la normativa establece que una parte de los fondos que reciben las provincias debe ser destinada a sus organismos viales.

Que, en términos concretos, el esquema legal vincula la recaudación del impuesto con el financiamiento de distintas áreas de infraestructura y transporte. El problema que plantean distintos sectores es que, mientras el impuesto continúa aumentando, las obras y tareas de mantenimiento de las rutas nacionales no muestran una evolución acorde con los recursos que, según la normativa, deberían contribuir a financiarlas.

Que imágenes de calzadas deterioradas, baches y sectores con problemas de transitabilidad se multiplicaron durante los últimos meses, especialmente en corredores utilizados diariamente por miles de vehículos y camiones. Por lo que desde distintos sectores sostienen que existe una contradicción entre el objetivo establecido por ley y la realidad que atraviesan las rutas. Si una parte del impuesto tiene asignación específica para infraestructura y transporte, ¿cuánto de lo recaudado termina efectivamente ejecutándose en obras viales?

Que recientemente, durante una declaración pública, el vocero presidencial fue consultado sobre el destino de los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles y reconoció que no podía precisar cuánto de la recaudación del tributo estaba siendo destinado específicamente a esas tareas.

Que los vecinos de nuestra ciudad que transitan por las rutas que conectan nuestro distrito hacia el sur y al norte de nuestra provincia nos han manifestado reiteradamente el mal estado de las rutas Nacional N° 3 y Provincial N° 86, entre otras.

Que, en este contexto, amerita solicitar al Departamento Ejecutivo que se avoque a gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional y ante el Poder Ejecutivo Provincial respecto a la reparación urgente de las Rutas Nacional N° 3 y Provincial N° 86.

El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus atribuciones que le son propias:

RESUELVE 

Artículo 1°: Se solicita a la Agencia de control de concesiones y servicios de transportes públicos la reparación urgente de la Rutas Nacional N° 3 ya que cuenta con más de $ 1 billón invertidos en títulos públicos cuando deberían haberse destinado a la reparación y mantenimiento de la red vial.

Artículo 2°: Remítase  copia de la presente a la Agencia de control de concesiones y servicios públicos de transporte

Artículo 3 °: De forma

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes de Agosto del año dos mil veintiséis.