Minuta Nro. 202623

Benito Juárez,   15 de Mayo de 2026.-

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión Ordinaria del catorce de Mayo del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque  Fuerza Patria PJ- Apoyo a la Educación, la Universidad Pública y la Ciencia Nacional ante el ajuste y desfinanciamiento impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Que el mencionado proyecto fue aprobado en general y en particular por mayoría, doce votos por la afirmativa de los bloques de Fuerza Patria-PJ, bloque Juárez Renace y  bloque Renace y dos votos por la negativa del bloque la Libertad Avanza; elevamos la siguiente:

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº 23/2026

Visto

Que esta semana se realizó la Cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para el día 12 de mayo de 2026 en distintas ciudades del país, en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad; y

Y Considerando

Que la universidad pública argentina constituye una política estratégica para el desarrollo científico, tecnológico, sanitario, productivo y cultural del país;

Que el acceso gratuito a la educación superior representa un derecho social fundamental y una herramienta histórica de inclusión e igualdad de oportunidades;

Que desde el año 2024 las universidades nacionales, gremios docentes, estudiantes y organismos científicos vienen denunciando un profundo deterioro presupuestario producto del ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional;

Que distintos informes periodísticos y económicos señalaron una caída real de las transferencias presupuestarias y una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, afectando el normal funcionamiento académico, científico y administrativo del sistema universitario;

Que el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), organizaciones sindicales y autoridades universitarias advirtieron sobre el impacto del ajuste en becas, investigación, infraestructura, hospitales universitarios y programas de permanencia estudiantil;

Que la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso Nacional con amplio respaldo parlamentario y ratificada luego del veto presidencial, estableciendo mecanismos de actualización presupuestaria, recomposición salarial y financiamiento educativo;

Que pese a ello el Poder Ejecutivo Nacional demoró y obstaculizó su efectiva aplicación mediante apelaciones judiciales y recursos extraordinarios;

Que en marzo de 2026 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno Nacional aplicar “de inmediato” la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar la actualización de salarios y becas;

Que posteriormente la misma Cámara habilitó el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, suspendiendo provisoriamente la aplicación de la cautelar y trasladando la definición final a la Corte Suprema de Justicia de la Nación;

Que esta situación de judicialización y demora institucional agrava la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas y profundiza la incertidumbre de millones de estudiantes, trabajadores docentes y no docentes;

Que el proceso de ajuste presupuestario impulsado por el gobierno nacional impacta de manera directa en el sistema educativo público, debilitando herramientas que históricamente permitieron democratizar el acceso al conocimiento técnico y científico.

Que frente a este escenario resulta imprescindible que las instituciones democráticas, los gobiernos locales y la sociedad en su conjunto expresen su preocupación y defiendan el sostenimiento de las políticas educativas que promueven el desarrollo nacional y la igualdad de oportunidades.

Que distintos sectores universitarios y sociales expresaron su alerta por la injerencia judicial en una ley aprobada democráticamente por el Congreso Nacional y por las consecuencias concretas que el retraso en su aplicación produce sobre el derecho a la educación pública;

Que, en los hechos, el Poder Ejecutivo fijó por decreto la suspensión de una ley, un acto abiertamente inconstitucional y contrario al esquema básico de división de funciones en una república;

Que no existe argumento válido para proceder de ese modo debido a que la propia ley promulgada, en su artículo 9, habilita al Poder Ejecutivo a disponer los créditos presupuestarios necesarios para ejecutar sus disposiciones.

Que este impacto no se limita a las instituciones universitarias, ya que por ejemplo los programas de transferencias directas a estudiantes —como las Becas Estudiantiles— acumulan una caída real de más del 76,6% respecto de 2023.

Que hospitales universitarios de distintas provincias denunciaron encontrarse al borde del colapso operativo por falta de transferencias presupuestarias específicas;

Que resulta imprescindible defender la plena vigencia de las leyes sancionadas por el Congreso y garantizar el financiamiento efectivo de las universidades nacionales;

Artículo 1: El HCD de Benito Juárez expresa su acompañamiento y adhesión institucional a la Cuarta Marcha Federal Universitaria realizada el día 12 de mayo de 2026 en defensa de la Universidad Pública Argentina.

Artículo 2º: El HCD de Benito Juárez manifiesta la necesidad  del efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, garantizando la actualización y ejecución de las partidas presupuestarias necesarias para el normal funcionamiento de las universidades nacionales.

Artículo 3º:  Envíese copia de la presente resolución al Ministerio de Capital Humano de la Nación, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a las Universidades Nacionales con asiento en la región y a las organizaciones representativas de docentes y estudiantes universitarios.

Artículo 4º: De forma.

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los catorce días del mes de Mayo del año dos mil veintiséis.